Se cumplen 20 años de aquel 26 de junio de 2002, cuando explotó uno de los episodios más dramáticos de la historia reciente: la “Masacre de Avellaneda”. Ese día, la incompetencia brutal de quienes debían vigilar una protesta en el Puente Pueyrredón –que separa a esa ciudad de la Capital Federal– derivó en el asesinato de dos piqueteros desarmados, a la vista de inumerables testigos, algunos con cámaras fotográficas y televisivas.

La trama del asunto había comenzado unas semanas antes, cuando llegó a las manos del presidente interino Eduardo Duhalde un inquietante informe de la SIDE. Ese paper, basado en grabaciones clandestinas realizadas durante un congreso nacional de piqueteros en el Estadio Gatica, de Villa Domínico, había sido una iniciativa del subdirector de Inteligencia, Oscar Rodríguez, un ex intendente del partido de San Vicente (quien además estaba casado con la senadora Mabel Müller, muy amiga de la primera dama “Chiche” Duhalde). Y esgrimía la hipótesis de “un plan insurreccional en marcha”.

Nadie imaginaba que en ello estaría el germen de una matanza.

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Darío Santillán militaba en el Movimiento de Trabajadores Desocupados. Tenía 21 años cuando fue fusilado. (Álbum familiar)

Tanto es así que esa disparatada creencia tuvo una gran  acogida entre los “halcones” del gobierno; a saber: el jefe de Gabinete, Alberto Atanasof, el ministro del Interior, Jorge Matzkin, el ministro de Justicia, Jorge Vanossi, y el canciller Carlos Ruckauf. Ellos fueron desde ese momento los encargados de endurecer el discurso oficial. Y súbitamente se revirtió la estrategia de no interferir en las protestas sociales.
Así fue el tránsito hacia la mañana de aquel miércoles negro.

La trampa mortal

Aquel día se tejió una fina maniobra con el propósito de deslucir el corte del Puente  Pueyrredón, impulsando primero una situación de caos, con el apoyo de provocadores infiltrados entre los manifestantes. Luego se aplicaría sobre ésta una represión medida, disciplinante y con un alto sentido mediático, para instalar la ilusión de que el “orden” había sido restaurado. No contaban, desde luego con la sutileza de La Bonaerense.

Ya durante el alba, en la sede del Comando de Patrullas de Avellaneda, con asiento en Sarandí, se liquidaron las instancias preparatorias del operativo, del que tomarían parte 110 uniformados y unas ocho brigadas de civil, cuyos integrantes debían mimetizarse en la manifestación. El clima reinante no auguraba nada bueno.

En el cuaderno de guardia quedó asentado el número y el tipo de armas que llevaron los suboficiales. Pero no ocurrió lo mismo con los oficiales, sobre todo los de mayor rango, quienes salieron de la dependencia tras decir “dame aquella”, sin dejar registro alguno. Se trataba de una maniobra habitual entre los efectivos de La Bonaerense, cuyo propósito, en caso de abrir fuego, era precisamente desdibujar los rastros. Pero en esa ocasión, según el testimonio posterior de algunos policías, los suboficiales también fueron pertrechados con proyectiles de plomo. Cada uno llevaba cuatro o cinco cartuchos letales en su
Itaka, mezclados con las postas de goma.

Los aprestos fueron supervisados por el comisario a cargo del operativo, un sujeto de cejas espesas, expresión de pájaro y estatura ruin.

Minutos antes del mediodía, una columna de piqueteros pertenecientes a la Coordinadora Aníbal Verón comenzó a avanzar por la avenida Pavón, a la altura del Carrefour. La policía, sorpresivamente, formó un cordón entre ellos, con el doble objetivo de cerrarles el paso y así dividir la columna en dos. Pero, ante la peligrosa proximidad de unos con otros, los uniformados se replegaron para repetir la acción unos cien metros más adelante, ya bajo el puente. Solo que esta vez no se corrieron ni un milímetro. Y en ese paso de ballet estaba la semilla de una cacería. Primero fueron trompadas, palazos y pedradas, bajo un hongo de gases lacrimógenos.

Entonces se escuchó el primer disparo.

Un muchacho se tomó el abdomen. Lograría llegar hasta la estación de tren. Pero se estaba desangrando. Era Maximiliano Kosteki, de apenas 22 años.

Entre tanto, el enjuto jefe del operativo, blandiendo una escopeta, se trenzaba a golpes con otro piquetero. Después retrocedió, pero sin sacarle los ojos de encima. Resultaba curiosa su forma de trabajar; en vez de dirigir las acciones desde un móvil, con un mapa topográfico y un puñado de handys, había descendido al escalón táctico, y se hallaba en el epicentro del conflicto, como si en vez de comisario fuese un sargento más.

El joven que lo había enfrentado enfiló hacia la estación, siempre bajo su atenta mirada. Pocos minutos después, el cuerpo sangrante y moribundo de Darío Santillán (21) era arrastrado por ese mismo policía desde el hall central hasta la calle; colaboraban con él otros dos uniformados (el sargento Gastón Sierra y el cabo Alejandro Acosta).

Adentro yacía Kosteki, ya sin vida.

Con un destello de furia, el alto oficial se tocó el cuello, donde exhibía un pequeño corte.

El tipo no se avivó que la escena había sido profusamente fotografiada por los fotógrafos Pepe Mateos, del diario Clarín, y Sergio Kowalewski, del Periódico de Madres de Plaza de Mayo.

Durante el resto de la tarde saciaría un repentino impulso por exponerse ante las cámaras. Primero se floreó en la puerta del Hospital Fiorito, hasta que un puñetazo en el ojo izquierdo forzó su retirada. Y más tarde, con ese ojo ya emparchado, no se privó de dar una conferencia de prensa en un lugar seguro, para luego aparecer en otra, nada menos que con el gobernador Felipe Solá. Su figura era transmitida por los noticieros en directo.

Acribillados por las cámaras

Esas imágenes, irradiadas por un pequeño televisor, congelaron a la periodista Clara Britos, directora de la publicación regional La Tapa, que se editaba en la localidad de San Vicente. En aquel instante recordó una tarde del año anterior, cuando su casa fue violentada por unos 30 policías encapuchados que, después de golpear a su marido y destrozar todo lo que hallaban su paso, la arrastraron de los pelos, en medio de una golpiza.

La versión oficial atribuyó el episodio a un error de los uniformados al confundir la dirección de un allanamiento. Sin embargo, detrás del apriete subyacía un añejo enfrentamiento entre la mujer y las autoridades del municipio, encabezadas por el inefable Oscar Rodríguez.

El jefe de tal operativo era precisamente el hombre magullado que ahora aparecía en la pantalla. Se trataba del comisario Alfredo Fanchiotti, quien había cumplido su primer destino profesional en la comisaría de San Vicente, donde permaneció hasta 1987, cuando fue ascendido a inspector.

De su paso por la zona, los vecinos recuerdan que mató a balazos a un par de pibes, dejando los cadáveres desnudos junto a un cartel publicitario de la inmobiliaria Vinelli. Allí, tras cultivar una excelente relación con el otrora intendente, hizo buenas migas con su hermano, el comisario inspector Alfredo Rodríguez, ex jefe de la custodia personal de Duhalde. No es casual, entonces, que su siguiente destino haya sido Lomas de Zamora, cuando el jefe comunal no era otro que Duhalde. En diciembre de 2001 fue transferido al Comando de Patrullas de Avellaneda.

Ahora, con aquel cargo, dando su versión de los hechos, interpretando el rol de víctima y martirizado por un desprendimiento de retina, se mostraba en todos los canales y diarios del país. Aún no suponía que otras imágenes suyas serían su boleto a la cárcel.

A su vez, en las altas esferas del poder nadie suponía el desenlace de lo que acababa de suceder. Mientras por televisión se deslizaba la existencia de dos muertos, el ministro de Seguridad bonaerense, Luis Genoud, de estrechas vinculaciones con la corporación policial, negó de plano aquella versión.

En ese mismo instante, el ministro del Interior, Jorge Matzkin, hablaba por teléfono con el jefe de la Policía Federal, comisario Roberto Giacomino.

-Hay dos muertos, señor. No lo dude -fue el tajante diagnóstico del uniformado.

Exactamente a las cinco de la tarde, el ministro del Interior ofreció una conferencia de prensa, en la cual estuvieron vedadas las preguntas. Su rostro irradiaba una expresión adusta, casi amarga. Así, señaló que lo ocurrido había sido fruto de “un enfrentamiento entre piqueteros”. Y que el objetivo de éstos era voltear al gobierno. Por último, con tono amenazador, remató:

–¡En Argentina se acabó la tolerancia para los violentos!

A la versión de la “interna” piquetera se sumaron otros ministros. Todos seguían apoyándose en el informe de la SIDE.

Al día siguiente, Clarín puso en tapa su famoso título: “La crisis causó dos nuevas muertes”. Y una fotografía borrosa del cuerpo de Kosteki junto a la silueta –visualmente fantasmal– de un uniformado. Su epígrafe: “Una de las víctimas yace en el piso de la estación Avellaneda. La policía acaba de llegar”.

En la Casa Rosada ya se estaba al tanto de que había otras fotos, las de Mateos y Kowalewski. La atmósfera allí se podía cortar con una navaja.

Al anochecer, el gobernador Solá atendió una llamada del Presidente, quien le soltó de corrido:

–Felipe, mirá mañana las fotos de los diarios. Parece que fue la policía nomás. Tené cuidado.

Ese viernes, el diario Página/12 exhibía las fotos de Kowalewski. Esas imágenes eran abrumadoras. Tanto las suyas como las de Mateos fueron las pruebas que llevaron tras las rejas a Fanchiotti y su patota, integrada por el cabo Acosta, el comisario Félix Vega, los principales Carlos Quevedo y Mario de la Fuente, el sargento Sierra y el cabo Lorenzo Colman.

El despliegue fotográfico no sólo mostró el episodio de la estación, sino que hubo tomas de otros policías disparando plomo sobre los manifestantes y borrando premeditadamente las huellas de su accionar. Y la TV emitía videos de policías disfrazados de piqueteros que causaban desmanes. Y de sus jefes al ordenar la represión, según la táctica dispuesta por el Poder Ejecutivo.

Afloró entonces la certeza de que aquella masacre fue obra de un plan orquestado desde las entrañas policiales, y no la acción aislada de una patrulla loca comandada por un comisario chiflado. Prueba viviente de aquello es casi una veintena de manifestantes heridos con proyectiles letales, gatillados desde por lo menos cinco posiciones equidistantes entre sí.

Lo cierto es que carga radioactiva de La Bonaerense afectó al corazón del poder central. Los disparos que dejaron sin vida a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán también arrasaron al gobierno de Duhalde, quien anticipó en seis meses el llamado a elecciones. Ese hombre ya era un cadáver político.

Entre mayo de 2005 y enero del año siguiente, el Tribunal Oral Nº 7 de Lomas de Zamora juzgo a los autores materiales de la Masacre de Avellaneda. Fanchiotti y Acosta fueron condenados a perpetuidad; Vega, Quevedo y De la Fuente, a cuatro años de prisión; Sierra, a tres, y Colman a dos. Sin embargo, el proceso excluyó a sus mandantes políticos. Todos ellos aún hoy gozan del dulce beneficio de la impunidad.